Facturaba para una dependencia pública. Varios años y con tareas similares a la relación de dependencia. Para el poder judicial hubo fraude laboral y ordenan indemnizarlo con doble indemnización.

El fraude laboral en el empleo público

Lo contrataron para la dirección de canes. Le fueron renovando el contrato varios años, más de cuatro, hasta que prescindieron de sus servicios. ¿Cuándo un trabajador es transitorio y cuándo hay fraude laboral? En el sector privado esto está más claro, porque sin el CAT (Clave de Alta Temprana) se considera que el trabajador está en negro, incluso en período de prueba. La cuestión es más dudosa cuando hay relación de dependencia o no, como podés leer acá.

Para el empleo público, la cosa puede ser difusa pero no tanto. Por un lado están los de planta, después los contratados “Legales”, externos propiamente dichos. Y los transitorios en fraude a la ley laboral. Sucesión de contratos durante muchos años, más de cuatro en el caso, da lugar a consecuencias legales y contingencias para la administración. Veamos.

En 2007 en la Dirección General de Limpieza lo contrató a los fines de “cumplir tareas relacionadas con el armado del diseño de áreas para caninos y temas afines, así como tareas de higiene, basura e hidrolavado de veredas e inspección de infracciones en la vía pública relativas a basura y canes”.

Asimismo, el trabajador alegó que “se encontraba bajo la figura de contrataciones por tiempo determinado”, y señaló que dichas contrataciones, efectuadas por períodos de seis o doce meses, se celebraron ininterrumpidamente durante toda la relación laboral, “siendo en la práctica un empleado estable que realizaba funciones que no revestían carácter de temporarias o excepcionales que justificaran la utilización de este tipo de vínculo”.

En su demanda argumentó que, como consecuencia de ello, “no le efectuaban aportes previsionales ni contaba con cobertura de ART, obligándole su empleador a registrarse como monotributista”, informó el sitio Diario Judicial, que también publicó la sentencia que podés leer abajo.

El magistrado analizó las pautas legales para el régimen de contrataciones por tiempo determinado “fueron vulneradas, configurándose una relación laboral fraudulenta”.
Para el magistrado, se probó que

“el GCBA utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con la desviación de poder consistente en encubrir una designación permanente, bajo la apariencia de una designación bajo la modalidad de locación de servicios”, y añadió: “Se han utilizado diversas formas de contratación más allá de los fines previstos por las normas que las establecen”.

Tras analizar las pautas legales para estos contratos de empleo público, el juez entendió aplicable el artículo 39 de la Ley de Empleo Público (471), en cuanto dispone:

 TRABAJADORES TRANSITORIOS.

El régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. En ningún caso dicha transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen de prestación por servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades Superiores, debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende funciones de asesoramiento o de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en sus funciones en forma simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su designación puede ser cancelada en cualquier momento. (Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.826, BOCBA Nº 3714 del 27/07/2011)

Por esto, el juez consideró que se trató de un “despido incausado”, incrementada al doble por configurarse un “fraude laboral”.

Para el juez, la ex municipalidad también deberá cumplir las sumas correspondientes a los “sueldos anuales complementarios no abonados, vacaciones proporcionales y sustitución del preaviso, y toda vez que el trabajador efectuó oportunamente la intimación correspondiente, resulta procedente la multa pretendida en los términos del artículo 80 de la LCT”.

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Córdoba N° 209, Paraná, Entre Ríos.

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FUENTE: DERECHOENZAPATILLAS.ORG

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